Human Rights Watch - Informe Mundial 2022
Human Rights Watch: Informe Mundial 2022

El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. A su vez, los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos sociales y económicos.

En julio, miles de cubanos salieron a las calles para participar en manifestaciones históricas en protesta por las restricciones de larga data a los derechos en el país, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. El gobierno respondió con una represión brutal.

Detenciones arbitrarias y encarcelamientos de corta duración

El gobierno recurre a detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva.

Más de 1,000 personas, en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes, fueron detenidas en las protestas de julio, según informaron organizaciones de derechos cubanas. Los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas. Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención.

La estudiante Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasaba caminando junto a una manifestación el 11 de julio. Durante la detención, dos agentes mujeres la hicieron sacarse la ropa y hacer sentadillas desnuda cinco veces. Una le dijo que se inspeccionara los genitales con el dedo. Algunos días después, un agente la amenazó con llevarla a ella y otros dos hombres a un área conocida como el “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Los agentes la despertaban reiteradamente durante la noche para interrogarla y le preguntaban por qué había protestado y quién la “financiaba”. Algunos días después, un juez la condenó a ocho meses de cárcel por “desorden público”, pero le permitieron cumplir la pena en prisión domiciliaria. Solamente pudo ver a su abogado unos pocos minutos antes de la audiencia.

En octubre de 2021, las autoridades cubanas señalaron que una manifestación que estaba organizando un grupo de artistas y disidentes para el 15 de noviembre era “ilegal”. Más tarde ese mes, la Fiscalía General de la República difundió una declaración en la cual “advertía” a las personas que podrían ser objeto de acciones penales si “persistían” en llevar a cabo una manifestación el 15 de noviembre.

Los funcionarios cubanos también han detenido de manera sistemática a periodistas independientes y artistas. Entre las víctimas hay miembros de coaliciones de artistas independientes, conocidas como los movimientos “San Isidro”, “27N” y “Archipiélago”, así como partícipes de la canción viral “Patria y Vida”, que reformula el antiguo lema del gobierno cubano “Patria o Muerte” y critica la represión en el país.

En muchos casos, policías y agentes de inteligencia se presentaron en las viviendas de críticos y les ordenaron permanecer allí, a veces por días o semanas, en condiciones que constituyen una privación arbitraria de la libertad.

Los agentes se han valido reiteradamente de reglamentaciones diseñadas para prevenir la propagación del Covid-19 con el fin de hostigar y encarcelar a críticos del gobierno.

Libertad de expresión

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.

En febrero y agosto de 2021, el gobierno cubano amplió el número de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente sigue estando prohibido.

Los periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se los mantenga incomunicados durante las detenciones.

En 2017, Cuba anunció que extendería progresivamente los servicios domiciliarios de internet. En 2019, se adoptaron nuevas reglamentaciones que permiten la importación de routers y de otros equipos, así como la creación de redes de internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas.

El mayor acceso a internet ha permitido que muchos puedan comunicarse, informar sobre abusos y organizar protestas de modos que eran prácticamente imposibles hace pocos años. Algunos periodistas y blogueros logran publicar artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales como Twitter y Facebook. Sin embargo, debido al costo elevado y el acceso limitado a internet, apenas una pequeña parte de la población cubana puede leer sitios web de noticias y blogs independientes.

El gobierno frecuentemente bloquea el acceso a muchos sitios web y blogs dentro de Cuba, y en muchas oportunidades ha impuesto restricciones específicas al acceso a datos de telefonía celular por parte de críticos. El 11 de julio de 2021, cuando empezaron las protestas, varias organizaciones denunciaron cortes de internet de alcance nacional, seguidas de conectividad intermitente, incluidas restricciones a redes sociales y plataformas de mensajería.

El 17 de agosto, el gobierno publicó el Decreto Ley 35/2021, que regula el uso de las telecomunicaciones. El decreto, que establece como finalidad la “defensa” de la revolución cubana, exige que los proveedores interrumpan, suspendan o cancelen los servicios cuando un usuario publique información que sea “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y el “respeto al orden público”.

Una resolución sobre “ciberseguridad” que complementa al Decreto Ley 35 contiene disposiciones sumamente amplias que califican a expresiones protegidas por la libertad de expresión —incluidas las publicaciones que “inciten a movilizaciones” o pretendan “promover la indisciplina social” y la “difamación con impacto en el prestigio del país”— como “incidentes de ciberseguridad” que las autoridades deben “prevenir” y “erradicar”.

El Decreto Ley 370/2018 sigue prohibiendo la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Las autoridades lo han utilizado para interrogar y multar a periodistas y críticos, y para confiscar sus materiales de trabajo.

Presos políticos

Prisoners Defenders, una organización de derechos con sede en Madrid, informó que, hasta septiembre, en Cuba había 251 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos, y otras 38 que estaban detenidas por sus creencias políticas. También reportó que otras 92 personas habían sido condenadas por sus creencias políticas y cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional.

Los cubanos que critican al gobierno se exponen a ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y las correspondientes garantías de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.

Muchas personas que protestaron de manera pacífica en julio fueron condenadas en procesos penales “sumarios” sin garantías básicas de debido proceso, incluido el derecho de representación legal. A menudo, los manifestantes fueron juzgados por delitos sumamente imprecisos, como “desorden público” y “desacato”. En agosto, las autoridades indicaron que se había condenado a 66 personas en relación con las protestas; la mayoría no tuvo asistencia de un abogado. Algunas fueron absueltas en la instancia de apelación.

En algunos casos, las autoridades pidieron o impusieron penas de prisión desproporcionadas para los manifestantes, a quienes acusaron de participar en actos de violencia, que a menudo consistían en arrojar piedras durante las protestas.

El 11 de julio, los agentes detuvieron a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, mientras se dirigía a una manifestación. El 17 de julio, un fiscal dispuso su prisión preventiva y lo acusó del delito de “desorden público” por haber “decidido sumarse” a las manifestaciones. En abril de 2020, Ferrer había sido condenado de forma arbitraria a cuatro años y medio de “limitaciones a la libertad” por supuestas “lesiones”. El 14 de agosto de 2021, un tribunal de Santiago de Cuba le exigió cumplir 4 años y 14 días de cárcel, luego de determinar que Ferrer no había llevado a cabo un “estricto cumplimiento de las leyes” y no tenía “una actitud honesta hacia el trabajo”, dos condiciones que la ley exige a las personas sujetas a “limitaciones a la libertad”.

Al momento de preparación de este informe, varios artistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, quienes participaron en el video de la canción “Patria y Vida”, seguían en prisión provisional y enfrentaban procesos penales arbitrarios.

Restricciones a la posibilidad de viajar

Desde que se llevaron a cabo reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades siguen negando selectivamente la salida a disidentes.

En marzo de 2021, las autoridades cubanas negaron a la periodista cubana Karla Pérez, que estudiaba en Costa Rica, la posibilidad de regresar al país. Un trabajador de la aerolínea en la que viajaba le informó durante una escala en la Ciudad de Panamá que el gobierno cubano no permitía que ingresara al país. Pérez volvió a Costa Rica, donde le otorgaron el estatus de refugiada.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, inician huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta, a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.

El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.

En abril de 2020, con el fin de reducir el riesgo de que el virus de Covid-19 se propagara en las cárceles, el gobierno suspendió las visitas familiares. Esto, agravado por el hecho de que las autoridades no permitieron que los detenidos llamaran a sus familias, hizo que muchos de los arrestados en las manifestaciones quedaran incomunicados durante días y, en algunos casos, incluso semanas.

Derechos laborales

Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país viola los estándares de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica el gobierno solo permite que funcione una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.

Cuba envía a decenas de miles de trabajadores de la salud al extranjero todos los años para abordar crisis de corto plazo y desastres naturales. Los trabajadores ofrecen valiosos servicios a muchas comunidades, pero lo hacen bajo normas cubanas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión y de asociación. En 2020, Cuba envió a alrededor de 4.000 médicos para que ayudaran a casi 40 países a responder a la pandemia de Covid-19, que se sumaron a los aproximadamente 28.000 trabajadores de la salud cubanos que ya había enviado al extranjero.

Defensores de derechos humanos

El gobierno no reconoce el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a las organizaciones locales que desempeñan esa tarea. Las autoridades hostigan, agreden y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.

En agosto, dos agentes se presentaron en la vivienda en La Habana de la madre de la activista de derechos humanos Laritza Diversent, que vive en Estados Unidos, y amenazaron con procesar penalmente a Diversent y pedir su extradición a Cuba. Diversent dirige Cubalex, una de las principales organizaciones de derechos humanos que ha documentado abusos contra personas que participaron de las protestas en julio.

Orientación sexual e identidad de género

La constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial en el interior de Cuba.

Las primeras versiones del texto constitucional que se aprobó en febrero de 2019 redefinían al matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo, pero el gobierno retiró esa propuesta ante una serie de protestas públicas. El gobierno dijo que presentaría una reforma al Código de Familia, que rige el matrimonio, para que fuera estudiada en el Congreso y que luego realizaría un referéndum. En septiembre de 2021, el gobierno difundió el texto preliminar de la reforma, que incluyó una definición del matrimonio neutra en cuanto al género. La reforma no se había aprobado al momento de redacción de este documento.

Derechos sexuales y reproductivos

Cuba despenalizó el aborto en 1965 y sigue siendo uno de los pocos países latinoamericanos con una política de este tipo. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.

Actores internacionales clave

El embargo de Estados Unidos le sigue brindando una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos que comete y una forma de lograr, en el exterior, la simpatía de gobiernos que normalmente habrían estado dispuestos a condenar, de manera más contundente, las prácticas represivas en el país.

En junio de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el embargo por una mayoría abrumadora de votos, por 29.º año consecutivo. La resolución recibió el apoyo de 184 países; EE. UU. e Israel se opusieron y Brasil, Colombia y Ucrania se abstuvieron.

Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno de EE. UU. limitó la posibilidad de las personas de enviar remesas a Cuba desde EE.UU. y aplicó nuevas restricciones a los viajes a la isla, al prohibir las escalas de cruceros, los viajes educativos y la mayoría de los vuelos. En enero de 2021, el gobierno de Trump designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, al sostener que se había negado a extraditar a Colombia a miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habían viajado a La Habana para participar en conversaciones de paz con el gobierno colombiano.

En julio de 2021, la administración del presidente de EE. UU. Joe Biden condenó los abusos del gobierno cubano contra manifestantes e impuso sanciones específicas contra varios funcionarios con nexos creíbles con la represión. Sin embargo, hasta septiembre, EE. UU. No había dado pasos importantes para abandonar la política general de aislamiento que se afianzó durante el período Trump y que no ha servido para mejorar la situación de derechos humanos en Cuba.

En febrero, la Unión Europea mantuvo un diálogo de derechos humanos con Cuba. El alto representante de la UE Josep Borrell expresó en julio que las manifestaciones en Cuba “refleja[ban] reclamos legítimos”. Borrel expresó su preocupación por la represión por parte del gobierno y exhortó a Cuba a liberar a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente. El Parlamento Europeo adoptó resoluciones en repudio a las violaciones de derechos humanos en Cuba en junio y septiembre.

La legislatura lituana votó en julio contra la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba de la UE, que se firmó en 2016 pero nunca se ratificó, debido a su preocupación por los problemas de derechos humanos en el país.

Desde que fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020 —su quinto mandato en los últimos 15 años—, Cuba se ha opuesto a resoluciones que denuncian violaciones de derechos humanos en Eritrea, Etiopía, Siria y Nicaragua, entre otros países.

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