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Human Rights Watch: Informe 2023

El gobierno continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos. 

Las autoridades respondieron con represión y censura brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio de 2021 en protesta por las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. Los juicios de cientos de esos manifestantes en 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas. 

Las manifestaciones continuaron en todo el país durante 2022, como consecuencia de los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida.  

La represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes.  

Estados Unidos continuó con su fallida política de aislamiento hacia Cuba, incluyendo el embargo.  

Detenciones y acusaciones arbitrarias 

El gobierno continuó llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.  

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. Los agentes han impedido que las personas asistan a las protestas arrestando a críticos y periodistas que se dirigían allí o impidiéndoles salir de sus viviendas.  

El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles durante las manifestaciones más multitudinarias contra el gobierno que se registraron en todo el país desde la revolución cubana. Uno de los manifestantes —el cantante Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años— habría muerto como resultado del accionar de la policía.  

Organizaciones cubanas de defensa de derechos humanos contabilizaron más de 1.500 personas detenidas, la mayoría de ellas manifestantes pacíficos o transeúntes; hasta octubre de 2022, permanecían encarcelados más de 660 detenidos. Muchos estuvieron incomunicados en la detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos, torturas.  

El gobierno reconoció la condena de más de 380 personas detenidas en el contexto de las protestas, incluidos varios niños y niñas, por una variedad de delitos contra el orden público. Muchos fueron procesados en juicios sumarios por cargos vagos e imprecisos, como “desorden público” o “desacato”. A otros se les imputó el delito de “sedición” en juicios ordinarios —en relación con hechos de violencia, como arrojar piedras— y recibieron penas desproporcionadas de hasta 25 años de prisión. Algunos juicios fueron llevados a cabo en tribunales militares, lo cual viola el derecho internacional.  

La fiscalía presentó como conductas delictivas acciones que constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y asociación, tales como protestar pacíficamente, proferir insultos contra el presidente o la policía o cantar canciones críticas del gobierno. Además, los fiscales utilizaron pruebas poco confiables y sin corroborar, tales como declaraciones tomadas únicamente a miembros de las fuerzas de seguridad o supuestas “huellas de olor” de los acusados, y los tribunales emitieron condenas en base a estas cuestionables evidencias. 

Algunas de las víctimas y sus familiares, luego de ser blanco de reiterados actos de hostigamiento por parte de la policía, se fueron de Cuba.  

Migración  

La cantidad de cubanos que abandonan el país aumentó marcadamente en 2022, y superó los máximos históricos de las décadas de 1980 y 1990.  

La Patrulla Fronteriza de EE. UU. aprehendió a más de 203.000 ciudadanos cubanos entre enero y septiembre de 2022. Esto representa un aumento drástico en comparación con los 33.000 cubanos aprehendidos en el mismo período de 2021. La Guardia Costera de EE. UU. interceptó a más de 6.182 cubanos en el mar entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, por lejos la cifra más alta en cinco años.  

Los cubanos que se dirigieron a Estados Unidos enfrentaron abusos por parte de grupos criminales y fuerzas de seguridad a lo largo del trayecto, particularmente en el Tapón del Darién —en la frontera entre Colombia y Panamá— y en la frontera sur de México. 

Muchos cubanos viajan a través de Nicaragua, que a fines de 2021 eximió el requisito de visado para nacionales de Cuba. 

Restricciones a la posibilidad de viajar 

Desde que se implementaron reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades niegan selectivamente a los disidentes la salida o el regreso al país. 

El 16 de febrero de 2022, las autoridades cubanas negaron el ingreso a Anamely Ramos, curadora de arte y activista cubana. Ramos se encontraba en Estados Unidos por motivos personales cuando decidió regresar a Cuba. Personal de la aerolínea le informó en Miami que el gobierno cubano le negaba el ingreso. Aún continúa en Estados Unidos. 

Derechos económicos, sociales y culturales 

La crisis económica de Cuba, que se profundizó durante la pandemia de Covid-19, afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales, e incluye apagones del servicio eléctrico y la grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos. 

En enero de 2022, las autoridades reconocieron que los faltantes de medicamentos habían empeorado y los atribuyeron al embargo impuesto por Estados Unidos. El presidente del grupo estatal de la industria farmacéutica señaló que 88 de los 262 de mayor prioridad estaban “en falta”.   

En mayo, las autoridades manifestaron que el servicio eléctrico del país estaba en una “situación compleja” que “paraliza a una importante parte de la economía”. Hubo apagones en partes de Cuba durante 29 de los 31 días de julio, según información oficial revisada por la agencia de noticias EFE.  

En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los cubanos estaban sufriendo un “colapso del sistema público de salud” y un “aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad”. 

Presos políticos 

Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid, informó que, hasta septiembre, en Cuba había 1.020 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos. Entre estas se incluían 235 personas que se encontraban bajo arresto domiciliario o en libertad condicional.  

Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el debido proceso ni un juicio justo ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo. 

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, permanecía preso al mes de octubre. En abril de 2020, un tribunal de Santiago de Cuba lo condenó a cuatro años y medio de “restricciones a las libertades” por presunta “agresión”. En julio de 2021, fue detenido por policías mientras se dirigía a una manifestación. Fue acusado de “desorden público” debido a que “decidió unirse” a las manifestaciones y fue enviado a prisión preventiva. Un tribunal de Santiago de Cuba decidió en agosto de 2021 que Ferrer no había cumplido con las “restricciones a las libertades” y lo sentenció a cumplir una pena de prisión. 

En junio de 2022, un tribunal de La Habana condenó a los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes interpretaron en 2021 el video musical de “Patria y vida”, que reformula el viejo lema del gobierno “patria o muerte” y critica la represión en el país. Se los procesó por ejercer su libertad de expresión, entre otras cosas, al publicar un meme del presidente Díaz-Canel, y recibieron condenas de cinco y nueve años de prisión, respectivamente. 

Condiciones en centros de detención 

Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno o inician huelgas de hambre a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica. 

El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas accedan a las cárceles. 

En abril de 2020, con el objeto de reducir los riesgos asociados con el Covid-19, las autoridades suspendieron las visitas de familiares. Esto, sumado a la negativa a permitir que los detenidos llamen a sus familias, hizo que muchas personas quedaran incomunicadas durante días y, a veces, semanas.  

En junio de 2022, las organizaciones no gubernamentales 11J y Cubalex —basándose en hallazgos de condiciones sanitarias deficientes, falta de alimentos y atención médica y condiciones degradantes— lanzaron la campaña “Miren las prisiones de Cuba” a fin de presionar a las autoridades para que autoricen las visitas de organizaciones internacionales y de expertos de las Naciones Unidas. 

Libertad de expresión  

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes.   

En febrero y agosto de 2021, las autoridades ampliaron la cantidad de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente continuó estando prohibido.   

Periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica de las autoridades suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias.  

A partir de 2019, las autoridades permitieron la importación de enrutadores y de otros equipos, así como la conexión de redes de Internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas. El mayor acceso a Internet permitió que los activistas pudieran comunicarse, denunciar abusos y organizar protestas. Algunos periodistas y blogueros publican artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como Twitter y Facebook. Sin embargo, el costo elevado y el acceso limitado impiden que la mayoría de los cubanos puedan leer noticias independientes. 

Las autoridades suelen bloquear el acceso a muchas páginas web de noticias dentro de Cuba y han impuesto en repetidas ocasiones restricciones individuales y, por momentos, generalizadas al acceso de los críticos a los datos de telefonía móvil. Cuando las protestas comenzaron el 11 de julio de 2021, diversas organizaciones especializadas indicaron que hubo interrupciones del servicio de Internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales y las plataformas de mensajería. 

En agosto de 2021, las autoridades publicaron el Decreto Ley 35, que regula el uso de las telecomunicaciones y restringe gravemente la libertad de expresión en Internet.  

En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un código penal que, entre muchas restricciones imprecisas, incluye una disposición que sanciona con hasta 10 años de cárcel a quien provea, reciba o tenga en su poder fondos “con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. Ese lenguaje amplio allana el camino para que se impulsen procesos penales que socavarían el derecho de los cubanos a movilizarse y cuestionar de manera pacífica los abusos del gobierno. 

Las autoridades continúan utilizando el Decreto-Ley 370/2018, que prohíbe la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad” de las personas, para interrogar y multar a periodistas y críticos, y confiscar sus materiales.  

Derechos laborales 

Cuba ratificó tratados de la Organización Internacional del Trabajo que protegen los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y la negociación colectiva, pero el Código de Trabajo cubano —actualizado en 2014— viola esos derechos. Si bien Cuba permite la formación de sindicatos independientes, en la práctica las autoridades sólo autorizan una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba. 

Miles de trabajadores de la salud cubanos enviados al extranjero prestan valiosos servicios, incluso para afrontar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el gobierno les impuso normas que violan sus derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, la libertad, la circulación y la libertad de expresión y asociación. 

Defensores de derechos humanos 

Al rehusarse a reconocer el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a las organizaciones cubanas que desempeñan esa tarea. Ha sido habitual que las autoridades hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que documentan abusos.  

En mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a Cuba a adoptar medidas para prevenir o detener las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, la intimidación, las amenazas y las acciones de desprestigio contra defensores de derechos humanos. 

Orientación sexual e identidad de género 

La Constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial, en el interior de Cuba.  

La relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en agosto de 2022 que la discriminación estructural afecta de diferentes maneras a las mujeres, a las personas afrocubanas y a las personas LGBT. 

En septiembre, se aprobó por referendo un nuevo Código de las Familias que incluye una definición de matrimonio neutral en cuanto al género, lo cual abre la posibilidad de que puedan celebrarse matrimonios entre personas del mismo sexo. 

Derechos de la mujer 

Cuba despenalizó el aborto en 1965. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos. 

El nuevo Código de las Familias refuerza los derechos de mujeres y niñas, además de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la reproducción asistida, prohíbe la violencia doméstica y todo tipo de castigo físico y reconoce el derecho a la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado entre los integrantes de la familia.  

Actores internacionales clave 

La comunidad internacional no ha conseguido, a lo largo de décadas, que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba.  

El embargo estadounidense brinda una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos y despierta la simpatía de gobiernos que, de otro modo, habrían sido más proclives a condenar las prácticas abusivas en el país. En mayo, la Unión Europea recibió favorablemente el levantamiento de ciertas restricciones por parte del gobierno de Estados Unidos.  

El presidente estadounidense Joe Biden no levantó la redesignación que había hecho el expresidente Donald Trump de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Condenó en repetidas ocasiones los abusos contra manifestantes e impuso sanciones individuales a varios funcionarios con nexos creíbles con la represión. En mayo de 2022, Estados Unidos anunció que aumentaría la tramitación de visas en La Habana, ampliaría la autorización de viajes profesionales y educativos, incrementaría la ayuda a los emprendedores cubanos y eliminaría el límite a las remesas familiares. 

Durante su tercer examen de Cuba, en el mes de junio, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresó preocupación por los señalamientos de maltrato y detenciones arbitrarias de niños y niñas que habían participado en las protestas de 2021. 

En julio, el gobierno recientemente electo del presidente colombiano Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron en La Habana su intención de retomar las conversaciones de paz. A comienzos de octubre, la delegación del ELN viajó a Venezuela y anunció que las negociaciones se reiniciarían en noviembre. 

En noviembre, la Asamblea General de la ONU votó por una mayoría abrumadora a favor de condenar el embargo. La resolución recibió el apoyo de 185 países, Estados Unidos e Israel se opusieron, y Brasil y Ucrania se abstuvieron. 

Desde que fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020 —su quinto mandato en los últimos 15 años—, Cuba se opuso de manera reiterada a resoluciones que alertaban sobre violaciones de derechos humanos en Rusia, Etiopía, Siria y Nicaragua, entre otros.  

La Unión Europea mantuvo su política de relaciones con reservas ante Cuba y emitió declaraciones expresando consternación por las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. Frustrado por la falta de avances en la situación de derechos humanos de Cuba, en diciembre de 2021, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que condena los “abusos sistemáticos” contra disidentes y críticos y exhortó a la UE a considerar la suspensión, por motivos de derechos humanos, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación bilateral. 

Tomado de https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/383695

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